Derechos de TV

En Uruguay está sucediendo un hecho muy grave. Se refiere a los derechos de televisión del fútbol y el sistema político no puede hacerse el distraído ni mirar para otro lado.

Después de casi 30 años, el fútbol logró romper con el monopolio privado. Durante todo ese período hubo prácticas abusivas y se pagó por el producto un valor claramente inferior al que realmente tenía. De esta forma, el privado se enriqueció, los clubes se sumieron en graves problemas económicos y se volvieron cada vez más dependientes del poder que fue acumulando quien explotaba esos derechos.

Hace dos años se inició un proceso de cambio. La lucha fue despareja y muy dura. En ese camino, Nacional —y particularmente sus socios— apoyó decididamente el proceso, que culminó con la licitación. Si bien esta fue condicionada, permitió un cambio positivo para todo el fútbol uruguayo. Nuestro club fue, para la AUF y en particular para su presidente, el economista Ignacio Alonso, un pilar fundamental para llegar a la situación actual.

En todos estos años, la empresa desarrolló con un grupo político en particular —el Movimiento de Participación Popular (MPP)— un vínculo muy fuerte. Innumerables hechos lo demuestran: el indulto de deudas millonarias con el fisco, viajes coordinados al exterior con personalidades extranjeras y favores otorgados en diferentes momentos en que dicho grupo ejerció el poder son muestras suficientes de esa vinculación.

Resultó llamativo que, previo al proceso licitatorio y durante el mismo, el actual gobierno —con mayoría absoluta del MPP en su interna— se mantuviera al margen y sin incidir. Claramente era lo que correspondía, pero, dados los antecedentes, la situación no dejaba de ser, al menos, extraña.

La primera señal de alerta se dio cuando, a pocas horas de la licitación, la empresa estatal Antel comunicó, de la nada, su participación en la misma. La decisión, por lo intempestiva y poco estudiada, provocó fuertes diferencias incluso dentro del propio Directorio de Antel.

Una vez procesada la licitación, se conoció realmente cuánto vale nuestro fútbol, es decir, el producto ofrecido. El resultado: cuatro veces más de lo que se venía pagando. Quedó demostrada la maniobra y la usurpación de todos estos años.

Desde ese momento, la empresa —con la complicidad del gobierno (que tiene mayoría del mencionado grupo político)— comenzó a operar de forma deliberada. El objetivo principal: devolver favores a privados y debilitar el éxito obtenido por el mundo del fútbol.

Así llegamos a la situación actual. Una empresa privada y un grupo político toman de rehén a todo nuestro fútbol y, en particular, a su valor más preciado: los consumidores, es decir, los hinchas.

Antel, con la plata de todos los uruguayos, le compra el producto streaming a Tenfield, quien lo obtiene gracias a una cláusula abusiva e injusta que figura en el contrato: la igualación de precios. De esta forma, le garantiza la rentabilidad al privado.

Lo increíble es que, luego, la empresa estatal pretende brindar el servicio a sus usuarios en forma gratuita. Esto provoca una competencia desleal e injusta con los privados que obtuvieron los derechos de transmisión por cable.

Hasta un niño en etapa escolar entiende perfectamente que, ante el mismo producto, los consumidores optarán por quien se lo ofrece gratis frente al que tiene un costo. Y también un niño de escasa edad se da cuenta de que tales prácticas violan los principios de igualdad, justicia y equidad en una sana competencia comercial.

Las preguntas que debería responder el gobierno —y en particular Antel— son muchas. A modo de ejemplo, nos surgen:

¿Es ahora Antel una ONG que piensa en otorgar servicios en forma gratuita a la comunidad?

¿Por qué Antel da el fútbol en forma gratuita y no procede igual con plataformas como Disney?

¿Si realmente se busca beneficiar a los usuarios, por qué no otorgar importantes descuentos en internet, que abarca un mercado mucho más amplio y general que solo los interesados en ver fútbol?

Podríamos seguir poniendo ejemplos y preguntas del mismo tenor; todas conducirían al mismo resultado: la maniobra es burda y evidente.

El sistema político en su conjunto tiene ahora la palabra. Gobierno y oposición comparten la misma responsabilidad. Incluso el Frente Amplio —que no es exclusivamente el MPP— tiene la oportunidad de expresarse.

Es vital que nuestros políticos alcen la voz. La elección es clara: principios básicos como la igualdad, la justicia y la dignidad, o la estafa con fuertes indicios de corrupción.

Señores políticos: ustedes tienen la palabra. La historia y la gente los juzgarán.

Recibimos y publicamos: Agrupación Atilio García.